La reciente aprobación de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) para 34 proyectos de exploración de cobre en el área de Malargüe ha generado fuertes críticas y movilizaciones. Durante la sesión legislativa que otorgó esta aprobación las Asambleas por el Agua se manifestaron en contra de lo que ven como un avance sin la debida consulta ciudadana.
Entre los referentes que alzaron su voz, Gabriel Jofré, de la organización Malalhueche de Malargüe, destacó que el proyecto presenta “graves irregularidades” y que han procedido a una impugnación administrativa. Jofré también advirtió que se plantean demandas penales para frenar el proyecto, acusando al gobierno de eludir la Ley 7722 y de carecer de la “licencia social” necesaria, refiriéndose al amplio apoyo popular contra la megaminería en la provincia tras el levantamiento popular de 2019.
Esta polémica destaca las divisiones dentro de la política mendocina, incluso entre legisladores. A pesar de diversas observaciones y críticas, representantes como la Diputada Jogo (Malargüe) de la Unión Mendocina votaron a favor de los proyectos, a pesar de que algunos sectores empresariales mineros también han manifestado reservas sobre las garantías ambientales y jurídicas, señalando también algunos posibles negocios de empresarios amigos del gobierno provincial.
Este organismo estatal, que ha concentrado gran parte del financiamiento y ejecución de los estudios de impacto ambiental, es visto por algunos como símbolo de una estructura de poder que beneficia a unos pocos a expensas de las comunidades y el medio ambiente.
Los opositores, como Jofré, argumentan que estos movimientos evidencian la “verdadera casta política”, acusando al gobierno de actuar en función de acuerdos partidistas y no de los intereses de la ciudadanía. Para muchos en estas organizaciones, el rechazo popular hacia los proyectos mineros se siente como una continuación de las movilizaciones masivas de 2019, y aseguran que seguirán movilizados para proteger el agua y el territorio.
El proyecto contó con una aprobación por amplia mayoría y se espera que se trate la semana entrante en la cámara de senadores donde se anticipa una aprobación. La presidenta del Senado y vicegobernadora de la provincia manifestó no entender las reticencias al proyecto ya que se enmarca dentro de la 7722. También dijo que “este gobierno es el primer ambientalista” en una entrevista el miércoles a Canal 9 de Mendoza.