Elevan a juicio por marchar a una representante sindical en Mendoza

En la mañana de este martes el juez Juan Manuel Pina resolvió elevar a juicio una causa contra la sindicalista Raquel Blas por participar en acciones sindicales en la provincia de Mendoza. 

Raquel Blas

Según el medio Explicito Online, Blas no aceptó la probation que se ofreció a otros activistas. Su abogado, Alfredo Guevara, abogado defensor y dirigente de la agrupación peronista La Base, sostiene que el fallo busca intimidar a los manifestantes y responde a una tendencia de criminalización de la protesta, con presuntas presiones políticas desde sectores cercanos al actual gobernador de la provincia Alfredo Cornejo.

El conflicto comenzó en el marco de una serie de manifestaciones para exigir mejoras en las condiciones laborales y salariales por lo que se impulsaron imputaciones contra numerosos dirigentes gremiales y que culminaron sin condenas efectivas. Blas, sin embargo, rechazó la opción de probation por considerarla una “criminalización encubierta” del derecho a la protesta. Según Guevara, esta decisión es un intento de frenar el activismo social y sindical en Mendoza, en línea con la creciente judicialización de las movilizaciones en la provincia.

Blas anunció que llevará el caso ante la Suprema Corte ya que este juicio es una violación a derechos históricos de los trabajadores.

 Para Blas y su defensa, este caso representa la defensa de las libertades civiles en un contexto de persecución judicial hacia quienes cuestionan las políticas de los sectores de poder.

Raquel Blas se hizo conocida en la provincia de Mendoza tras haber dirigido el sindicato ATE junto a Roberto Macho y haber protagonizado numerosos conflictos en defensa de los intereses de los trabajadores de su gremio.

Tras una serie de conflictos Blas se retiró del gremio y comenzó una nueva militancia en SITEA un pequeño sindicato de la provincia de Mendoza dirigido por Víctor Hugo Dagfal. En ese contexto fue señalada por participar de medidas de fuerza encabezadas por ATE y otras organizaciones, en algunas de las cuales no participó ni desempeñó papel alguno en su organización lo que refuerza los señalamientos sobre el carácter arbitrario de estas causas.

Durante los últimos meses decenas de organizaciones de todo el país se han manifestado contra la persecución a los militantes gremiales en Mendoza. 

La política represiva de Cornejo pretende garantizar una paz social en el marco de los brutales ataques a los derechos laborales que impulsa el gobierno de Javier Milei. Al mismo tiempo a través de la criminalización pretende doblegar la acción sindical local para imponer paritarias a la baja y reformas laborales en la provincia.