23/07 /2024 – Este martes el gobierno de la provincia aprobó una ley que le permite acceder a las cámaras privadas y sumarlas a la estructura de videovigilancia que ya existe en la provincia.
En la actualidad la provincia cuenta con cerca de 3 mil domos, fijos y reconocimientos automáticos de patentes. Estas cámaras son monitoreadas por 14 centros de visualización. Se agregaron así las cámaras de seguridad privadas, casas, kioscos, empresas, etc., que cuenten con una cámara de seguridad que enfoque la vía pública.
El gobierno sostiene que esta ley busca “incorporar cámaras privadas al sistema de videovigilancia provincial con el fin de ampliar la capacidad operativa y beneficiar mejores abordajes o seguimientos de la trayectoria del delito”, sin embargo esto oculta una serie de peligros latentes y es que en un sistema desvencijado y cargado de corrupción, sojuzgado a los intereses del poder ejecutivo, no hay ninguna garantía de un uso que no involucre la violación de derechos humanos.
El gobierno a través de su Código Contravencional, que refuerza año a año, ha creado un código penal provincial en donde se tipifican gran cantidad de nuevas contravenciones. Sumado al Código Procesal Penal de la provincia se configura un sistema Gran Hermano que pone en peligro las libertades democráticas más básicas en un sistema donde el poder utiliza todas sus herramientas para la represión interna y el disciplinamiento.
El senador Walter Marcolini de la UCR defendió el proyecto diciendo que se respetará la privacidad de los dueños de las cámaras “salvo” autorización expresa de los propietarios o se esté investigando un delito. Esa excepción es violatoria de derechos elementales y la “investigación” aparece como una excusa que pasa inadvertida cuando se presenta ante delitos como robos y hurtos pero que en la conformación normativa de Mendoza está más cerca de perseguir políticos opositores, sindicalistas, militantes sociales, activistas, etcétera.