Mendoza – 05/11/2024 – Este martes el conflicto entre el gobierno de Mendoza y las organizaciones sindicales sumó un nuevo capítulo, luego de que el juez Juan Manuel Pina González resolviera la suspensión del juicio a prueba para un conjunto de dirigentes sindicales imputados por participar de medidas de fuerza. La medida aplica probation de tres años para Roberto Macho, Secretario General de ATE Mendoza, dos años para la Secretaria Adjunta Adriana Iranzo y un año para el resto de los líderes sindicales acusados. Esta medida significa un paso adelante en la lucha por las libertades democráticas ya que significa un cese en las intenciones del gobierno provincial en buscar condenas firmes contra la organización de trabajadores. Sin embargo, la organización sindical denuncia que esta resolución judicial sigue siendo una forma de criminalizar el legítimo derecho a la protesta.

Los dirigentes de ATE fueron imputados tras encabezar en 2022 un extenso plan de lucha, que incluyó más de 80 días de manifestaciones en las calles y paros en lugares de trabajo, en demanda de salarios dignos y condiciones laborales justas. Durante el proceso judicial, la defensa de ATE solicitó reiteradamente la nulidad de las imputaciones, sin éxito. La suspensión del juicio a prueba, que implica que los dirigentes no enfrentarán prisión pero deberán cumplir ciertas condiciones, es vista por el sindicato como una represalia disfrazada que busca frenar la organización y la resistencia de los trabajadores.
Durante la audiencia en la que se dictó la sentencia, Macho rechazó la criminalización de las huelgas y reiteró que no se reconoce ningún delito en el ejercicio del derecho a la protesta. “No reconocemos delito en el legítimo derecho que tienen los trabajadores a realizar huelga, a manifestarse y peticionar al Gobierno”, afirmó. Desde ATE, consideran que esta medida judicial es parte de un proceso más amplio de disciplinamiento social, dirigido a reprimir a quienes desafían las políticas de ajuste implementadas en la provincia y a desincentivar la movilización sindical.
Esta situación se enmarca en un contexto de creciente persecución a la protesta social en varias provincias, según denuncian organizaciones sindicales y de derechos humanos. Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, se presentó en Mendoza que el gobierno mendocino aplica una “estrategia represiva” que se traduce en judicialización de la protesta y amedrentamiento a quienes defienden sus derechos. Para ATE, esta política de represión no solo busca debilitar las reivindicaciones de los trabajadores públicos en Mendoza, sino también enviar un mensaje disuasivo a quienes intentan desafiar las condiciones laborales impuestas en el marco de la crisis económica.
El sindicato ha anunciado que continuará denunciando estos actos como una violación a los derechos fundamentales de los trabajadores. En este contexto, el debate sobre la criminalización de la protesta en Argentina sigue latente, mientras ATE y otras organizaciones convocan a la solidaridad y al apoyo popular para enfrentar lo que consideran un ataque a los derechos laborales y la organización sindical.